El encarecimiento del recibo de la luz a partir de enero es todavía una incógnita. A menos de tres semanas de que el consejo de ministros tenga que aprobar la subida de la electricidad, el Ministerio de Industria sigue haciendo sus cálculos «in extremis» ante la negativa del Ministerio de Economía de incluir en los Presupuestos Generales algunas partidas que se incluyen en el recibo de la luz.

El Departamento de Gobierno que dirige Miguel Sebastián solicitó el mes pasado al equipo de Pedro Solbes que el Estado asumiera determinados costes que hoy abonan los consumidores pese a que responden al interés industrial del país, como es el caso de las primas a algunas energías renovables.

El «no» rotundo de Economía ha obligado a Industria a replantearse su estrategia desde cero e intentar diseñar, a ciegas, una política de subidas que acabe a largo plazo con el agujero de 15.000 millones que a finales de este año acumulará el déficit tarifario -diferencia entre los ingresos y los costes del sector–.

La tarea es especialmente complicada si tenemos en cuenta que la subida de la luz se ha establecido en los últimos años con criterios políticos, pero el tiempo urge y la propuesta de Industria va ya a contrarreloj. Aún tiene que pasar por la Comisión Nacional de Energía (CNE) que el pasado mes de mayo ya se quejó del retraso con que el Ministerio que dirige Sebastián le envió la revisión del recibo de la luz del 1 de junio. Tras el organismo que preside Maite Costa, la subida tarifaria tiene que ingresar en la Comisión Delegada para acabar en el último Consejo de Ministros del año que en este ejercicio caerá en el viernes 26 de diciembre.

El tiempo apremia y, a falta de cálculos definitivos, fuentes del sector apuntan a que la secretaría general de Energía podría pedir al Gobierno una subida de la luz conforme al Índice de Precios al Consumo.

A. I. SÁNCHEZ.

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